La pobreza alcanzó al 33,6 por ciento de la población urbana argentina durante el tercer trimestre de 2018, guarismo que significa que dos millones 180 mil personas se sumaron a la creciente legión de 13,6 millones de argentinos en situación de pobreza: al menos uno de cada tres argentinos está sumido en la pobreza.

Con un salto de 5,4 puntos en un año, la medición sobre pobreza del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA) confirma el rotundo fracaso del gobierno del neoliberal Mauricio MacriI para cumplir con su promesa de campaña electoral de reducir la pobreza al finalizar su mandato en diciembre de 2019.

El deterioro socioeconómico, asociado a la crisis cambiaria y financiera junto con el ajuste recesivo implementado con recetas del Fondo Monetario Internacional para intentar domarla, muestra otras cifras significativas de la creciente desigualdad: la indigencia ascendió hasta el 6,1 por ciento, lo que marca un alza de 0,4 puntos frente al mismo período del año pasado.

El dato representa la emergencia de 161.500 indigentes nuevos para llegar a un total de 2.470.000 de individuos con ingresos inferiores al valor de la canasta básica de alimentos. La población más afectada es la del llamado cono urbano, la amplia zona que rodea a la capital, con una superficie de 1% de la total de Argentina, en la que asombrosamente habita una cuarta parte de toda la población del país (unos 10 millones de personas).

Hoy, millares de nuevos pobres y nuevos indigentes logran sobrevivir gracias a la solidaridad de vecinos, movimientos populares, sindicatos, curas católicos y de maestros, que logran poner en marcha comedores populares y ollas populares para garantizar al menos una comida caliente al día.

“Mientras se mantenga el actual escenario recesivo, sólo cabe esperar un aumento del desempleo, los trabajos de subsistencia y de la precariedad laboral y, por lo tanto, de las desigualdades estructurales que afectan al mercado de trabajo, con efectos directos sobre la pobreza”, advierte el informe de la privada UCA.

Si bien desde el gobierno se asevera que la medición exagera la magnitud de la pobreza ya que se elabora a partir de una muestra sesgada de hogares, la trayectoria ofrece una aproximación al impacto que tienen la aceleración inflacionaria y el ajuste sobre la población más vulnerable.

Los últimos datos del Instituto de Estadística y Censos (Indec), organismo estadístico oficial, arrojaron que el 27,3 por ciento de la población percibía ingresos por debajo de la línea de pobreza durante el primer semestre de 2018. La aceleración de la inflación y la ausencia de instrumentos que permitan recomponer el poder de compra de los sectores más vulnerables -trabajadores informalizados y los jubilados- permiten anticipar un deterioro en la medición.

El índice de precios al consumidor aumentó un 3,2 por ciento en noviembre y acumulan un alza del 43,9 por ciento en once meses convirtiendo a 2018 en el año más inflacionario desde 1991, cuando terminaba el proceso hiperinflacionario para dar lugar al consenso neoliberal alrededor de la convertibilidad.

El alza desenfrenada en los precios que siguió al salto cambiario, superó el crecimiento de 32,3 por ciento que había alcanzado en 2016, consecuencia de la devaluación, los tarifazos y la destrucción de empleo. El 33,6 por ciento informado esta semana es el dato más elevado en nueve años.

La inflación en noviembre fue del 3,2 por ciento y alcanzó el 48,5 por ciento en los últimos doce meses a nivel nacional, destrozó el poder adquisitivo de los ingresos y generó un derrumbe en el consumo interno, según las cifras oficiales del Indec.
El capítulo que más creció en noviembre fue salud, a partir del nuevo incremento en medicamentos. También avanzaron por encima los promedio alimentos y bebidas, que impacta de lleno en las canastas de pobreza e indigencia y equipamiento y mantenimiento del hogar.

En 2018, la inflación terminará unos 35 puntos porcentuales por encima de la pauta prevista por el gobierno, que era del 15 por ciento para todo el año. Con el nuevo salto del dólar hasta los 40 pesos, septiembre y octubre marcaron el peor momento inflacionario del gobierno de Macri, con subas del 6,5 y 5,4 por ciento, respectivamente.

“Un cambio de rumbo sustantivo no sólo necesitará de fuertes inversiones e impulso a las exportaciones, sino también de políticas que reactiven el mercado interno, apoyen a las microempresas y mejoren su productividad”, explica el informe de la UCA.
“No hay evidencias de una crisis sociolaboral extrema pero tampoco aparecen señales de recuperación. Sólo destacan algunas medidas parciales de compensación en materia de consumo interno y asistencia social, sostiene el informe, tras advertir sobre la ausencia de instrumentos que permitan revertir la pauperización en las condiciones de vida de los sectores más vulnerables de la población.

“Aunque se expanda la economía vinculada al sector externo, no ocurren ‘derrames’ hacia los sectores menos dinámicos si no hay políticas activas redistributivas y de desarrollo productivo local-regional hacia el sector informal y el mercado interno”, expresa el documento. Los investigadores enfatizan que entre 2010 y 2018, “los indicadores sociales muestran la persistencia de altos niveles de pobreza y desigualdades estructurales”.

Publicado originalmente en Rebelión