El informe de la CIDH

Decir “Soy la jefa Suprema de las Fuerzas Armadas” pero “no comando”, es el último galimatías de Dina Boluarte, tan disparatado como aquellas “no sé por qué protestan” cuando veía el desborde popular contra su régimen; o, “Puno no es el Perú” al constatar que esa región peruana mostraba consecuencia en sus luchas. Así de distraída, casi al borde del desvarío, esta señora, presidenta del Perú cada vez más ilegítima, se ha puesto a disposición incondicional de la ultraderecha política y económica que ha copado todos los poderes.

Aquella frase de “soy Jefa… pero no comando” fue la respuesta de Dina Boluarte cuando se le preguntó sobre su responsabilidad en las “ejecuciones extrajudiciales” y “masacres” que el Informe de la CIDH establecía como hechos ocurridos durante las protestas populares en el Perú.

Era, a todas luces, un intento de culpar a las Fuerzas Armadas de los delitos de lesa humanidad descritos por el informe referido y, cual Pilatos andino, evadir la inminencia de ser acusada como “autora mediata” de los hechos.

La responsabilidad que doña Dina Boluarte tiene en la muerte de 70 peruanos, 49 de ellos ejecutados extrajudicialmente y masacrados, es innegable y tendrá que enfrentar los procesos judiciales y penales que de ello se deriven. Hasta la fecha, la gran conclusión que comparten tirios y troyanos es que, todas esas muertes no tienen ninguna justificación y, más temprano que tarde, serán identificados los responsables y juzgados.

Previamente al informe de la CIDH, los “crímenes de lesa humanidad” ya habían sido reportados por un conjunto de instituciones y organismo internacionales que tienen que ver con los Derechos Humanos, entre ellos las NNUU, Human Rights Watch, la OEA, la UE, The New York Times, Amnistía Internacional, etc. Todos coinciden en señalar que, en el Perú, entre diciembre 2022 y febrero 2023, hubo violaciones de los Derechos Humanos, imputables en el Derecho Internacional, conclusión que no puede ser subestimada burdamente con el argumento de que adolece de “sesgo político”.

¿Se abre un frente con la DBA o con la derecha “pensante”? Según Tafur, defensor de los intereses de la derecha, dice que la Boluarte está “desoyendo” las indicaciones de la “derecha pensante” en el manejo político y social del país. Pretender culpar a las FFAA de las masacres y ejecuciones extrajudiciales eximiéndose ella de la responsabilidad que tiene como jefa Suprema, no es sino un intento inútil de lograr impunidad y, de paso, provoca una comprensible reacción, con “espíritu de cuerpo”, de las fuerzas armadas que hasta ahora la sostienen. No es muy difícil percibir que los voceros de los militares y policías están esperando la orden de declarar traidora a la “jefa Suprema”.

Proceso de investigación en duda

Las Fiscalías y los Fiscales encargados de investigar las circunstancias en que murieron más de 70 personas durante la protesta popular no parecen tener mucho interés en hacerlo, pues luego de 3 meses de las ejecuciones extrajudiciales y masacres, aún no se tiene ningún resultado pese a las abrumadoras evidencias acumuladas que demuestran que ninguno de los muertos habría puesto en riesgo la vida de la policía o efectivos del ejército que usaron de manera “desproporcionada” sus armas, disparando a matar de manera indiscriminada.
Mientras todos los procesos de investigación estén bajo la batuta de la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, pieza clave del copamiento ultraderechista dispuesto a quedarse en el gobierno hasta 2026, la esperanza de tener resultados pronto se convierte en una ilusión, por lo que toca esperar que la sociedad reaccione con mejor estrategia y recoja las enseñanzas de las luchas del reciente pasado.

La democracia en cuidados intensivos

Si para algunos la Constitución de 1993 permitió un “crecimiento sostenido” de la economía, también fue causante de que las brechas de desigualdad y la pobreza alcancen índices sin precedentes en el Perú. Esa situación, per se, es un daño profundo a la democracia, como lo fue tener 6 presidentes en 5 años, casi todos encarcelados o con procesos judiciales que terminarán condenándolos por el resto de sus vidas.

Luego del 7 de diciembre 2023, con el golpe fallido de Pedro Castillo y el eficaz contragolpe del Congreso, zurrándose en todas las normas incluso para dar un “golpe legal”, la democracia comienza a ser bombardeada por los poderes fácticos que convirtieron al Congreso en su pelotón de sicarios políticos de avanzada y al Ejecutivo en administrador del equipo logístico de dominación y control ciudadano.

Hoy más que nunca se hace vigente aquella frase de que solo el pueblo salvará al pueblo y, por extensión, a esta democracia precarizada al extremo. Por otro lado, la ciudadanía, luego de las heroicas luchas populares que terminaron replegándose por falta de dirección política, se viene acostumbrando a ver esta situación como algo normal.

Jefa Suprema y las FFAA

Luego de “deslindar” con las fuerzas policiales y armadas, es decir, luego de haberlos acusado de haber cometido los delitos de lesa humanidad durante las protestas del pueblo peruano, la señora Dina Boluarte, presidenta accidental del Perú, apela a su más desarrollado sentido del cinismo y, sin que se le mueva una pestaña, les “ratifica su confianza” en un acto francamente de Ripley.

Doña Dina Boluarte dice que ser jefa Suprema no le da poder para disponer en las FFAA. Falso.

Según la Constitución que defiende a costa de la vida de quienes quieren cambiarla, le otorga poderes muy específicos de mando frente a las FFAA, por lo que está lejos de ser un cargo honorífico, como pretende la Boluarte. Pudo decir “no hagan lo que están haciendo (léase matar)” pero calló en mil idiomas, no solo eso, premió con dinero sonante y contante a la “actitud patriótica” de policías y soldados.

La jefatura suprema que le reconoce la Constitución (Art. 167) supone subordinación de policías y soldados. De allí que resulta un insulto a las fuerzas armadas, decir que no tiene “comando” sobre ellas, cuando la “jefatura suprema” es el reconocimiento constitucional de la máxima jerarquía en la estructura de las Fuerzas Armadas, reservada al presidente de la República. No hay vuelta que dar, la presidenta ha cometido el delito tipificado como “autoría mediata”, es decir, no haber hecho nada cuando sus subordinados, policías y soldados, mataban a quienes se manifestaban en las calles.

Pretender sacudirse de la responsabilidad de los crímenes cometidos atribuyéndoselo a la PNP y FFAA es casi una traición, política y moral. En la hipótesis de que no se pueda demostrar que ella dio órdenes de disparar, cosa que está por probarse, será más viable probar que ella no hizo nada, ninguna disposición, desde su condición de jefa Suprema, para evitar ejecuciones extrajudiciales y masacres. Al contrario, tanto ella como su primer ministro Otárola, aplaudían la represión criminal que “restablecía el principio de autoridad” y “defendía la democracia”.