En las últimas semanas el país ha tenido que enfrentar el desabastecimiento del gas licuado de petróleo (GLP). Los más afectados fueron las amas de casa y los transportistas. El precio del balón de gas de 10 kilos se incrementó hasta en S/.8.00. En los grifos el precio del GLP se triplicó y las colas de vehículos se tornaron kilométricas. En el interior del país se bloquearon carreteras en señal de protesta. No es la primera vez que ocurre un hecho de este tipo. ¿Cuántas veces más se tendrá que exponer a la población a la escasez de recursos energéticos?

Las causas del desabastecimiento que se deslizaron responden a problemas técnicos y ambientales.  La ruptura de un gaseoducto en Anco (Ayacucho) registrado el mes pasado y la crecida del río Camisea (Cusco), que generó la erosión en otro gaseoducto, influyeron negativamente en la producción de combustible. Sumado a esto, el oleaje anómalo que se presentó en las últimas semanas también dificultó el acceso al GLP, dado que la mayor parte de este es transportado por vía marítima.
 
Por su parte el gerente general de la Asociación de Plantas Envasadoras de Gas (ASEEG), Abel Camasca, declaró que la demanda del GLP se ha quintuplicado en los últimos años y que era responsabilidad del Ministerio de Energía y Minas (MEM) prever esta situación. También, señaló que no es posible que hasta el momento no se haya ampliado la capacidad de almacenamiento del GLP. El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) procedió a sancionar a los establecimientos que no contaban con las reservas del caso. No obstante, esta institución tampoco informó a tiempo respecto al desabastecimiento que desde hace un mes atrás se veía venir y cómo es que debía enfrentarse.
 
Esto es solo una muestra de la desorganización con la que trabajan nuestras instituciones. La improvisación persiste y la mejor forma de solucionar las cosas es imponiendo multas que a fin de cuentas solo perjudican a los más débiles: los pequeños distribuidores, el último eslabón de la cadena productiva de GLP. De Pluspetrol y el monopolio que maneja con Repsol nadie dice nada. El Estado, de brazos cruzados, permite que las transnacionales negocien como mejor les parezca nuestros recursos. Incluso, contribuye a ello postergando una y otra vez, gobierno tras gobierno, proyectos que permitirían acceder al combustible a un precio más justo, como el Poliducto Pisco-Lurín.
 
Un proyecto que nunca se concreta
El GLP puede producirse del gas natural (GN) y del petróleo. El gas natural debería ser la opción más económica dado que contamos con grandes yacimientos gasíferos. Actualmente, el 96% del GLP que consumimos proviene de Camisea. Sin embargo, carecemos de la infraestructura para transportarlo. El monopolio del transporte está en manos de la empresa argentina Pluspetrol, que lleva el gas desde la planta de fraccionamiento ubicada en Pisco hasta el puerto del Callao para su distribución a nivel nacional. El traslado vía marítima implica un alto costo de flete. Pluspetrol cobra $85 por flete de una tonelada de GLP. El Estado no puede intervenir en la fijación de este monto pero sí podría hacer algo para equilibrar el mercado.
 
Con la construcción del Poliducto Pisco-Lurín se pensaba combatir precisamente este monopolio. De realizarse esta obra, el GLP sería más barato hasta en un 15%, cifra estimada en 2008 por la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión). Esta obra de 240 kilómetros de longitud, permitiría transportar hasta 30,000 barriles de GLP por día. El nuevo costo de transporte se fijaría a $50 por tonelada de GLP.  Considerable reducción. Un beneficio para los consumidores finales que afectaría directamente los intereses de los privados.
 
Y es por eso que desde el 2008 hasta la fecha el proyecto no ha podido concretarse. Ese año se entregó la buena pro a Poliductos del Perú, constituido por Graña y Montero Petrolera y Oiltanking Perú. Sin embargo, se aplazó la construcción y debido al incumplimiento en el contrato la empresa llevó al Estado a un proceso de arbitraje. El poliducto quedó en el olvido hasta hace unos días. Ante la presión mediática, el MEM ha declarado que en un plazo máximo de dos años el proyecto estará concluido. Se tenía previsto que para el mes de Julio se adjudicara la buena pro pero esta se ha reprogramado para Setiembre. La espera nunca termina. Esta aparición parece ser otra medida desesperada con la que se busca poner paños fríos a la situación.
 
Por otro lado, en esta gestión se creó el Fondo de Inclusión Social Energético (Fise), a través del cual las poblaciones de escasos recursos reciben un subsidio del Estado de S/.16 para la compra de balones de gas. Pero esta no es la solución. Es solo un paliativo, una medida populista promovida por el gobierno que no contempla a todos los afectados sino apenas a una minoría. El precio del balón de gas debe reflejar su costo real, libre de subsidios de este tipo, para beneficio de todos los peruanos. En ese sentido, incluso se debería priorizar el abastecimiento local de gas natural antes que la exportación, la cual se ha negociado a un precio ínfimo.

Se trata de un tema de seguridad energética y es evidente que nuestras autoridades no saben administrar los recursos de todos los peruanos. Una vez más, los intereses extranjeros se han establecido por encima del bienestar de la sociedad. En un país productor y exportador de hidrocarburos como el nuestro, es imposible creer que enfrentamos únicamente el  desabastecimiento de recursos energéticos. El problema es que estamos ante la carencia de interés político de parte de nuestras autoridades para revertir esta situación de una vez.