Quieren 5 años más de óbolo minero ¿y el Estado dónde está?

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Hace unos días, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) informó que el aporte minero voluntario que realizan las empresas mineras a partir de 2006 seria extendido hasta el 2015.

De acuerdo al viceministro Fernando Gala, la propuesta ya habría sido aceptada por la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) por lo que el acuerdo se firmaría en los próximos días. 
 
Veamos el tema de fondo. En una economía de mercado, el agente económico responsable de la provisión de bienes y servicios públicos es el Estado y no el sector privado¹. Cualquier mecanismo que distorsiona esta estructura de roles atenta directamente contra el marco institucional en el cual se circunscribe el sistema de mercado en un país. Que para el caso peruano es ya bastante permisivo de la relación entre Estado y mercado. 
 
Al inicio del actual régimen, el Presidente de la República llegó a un acuerdo con las empresas mineras para la conformación de un fondo voluntario por cinco años. Fondo cuyo monto total sería de S/.2.500 millones (S/.500 millones por año) y que iba a ser ejecutado por las empresas mineras en coordinación con las comunidades. ¿Qué significa esto? La privatización de los roles del Estado por parte de las mineras que obtienen una cuota de poder público en las regiones y/o distritos en las cuales operan.
 
No obstante, hay que  reconocer las mejoras obtenidas en las comunidades por la ejecución de este fondo, pero debe quedar claro que este es un rol del Estado y no de la empresa privada. Un detalle adicional: a la fecha las empresas mineras no han cumplido con el monto ofrecido y es muy difícil que cumplan su compromiso en el año de plazo que queda. De acuerdo al Informe del Comité Sectorial del MEM, en el mes de abril de los S/. 1,388 millones recaudados del aporte minero solo se han ejecutado S/. 813 millones. Entonces, ¿por qué se quiere renovar el mecanismo de aporte voluntario minero sin acreditar que las mineras cumplan su compromiso? ¿Dónde queda el rigor en el cumplimiento de obligaciones?
 
La alternativa: impuesto a las sobreganancias
En la actualidad, el Estado peruano mantiene un gran déficit en la provisión de bienes y servicios públicos (sobre todo en las regiones), pero resultan especialmente críticas las brechas en sectores como Salud y Educación que son sumamente relevantes para el desarrollo del país. Una de las principales razones de esta situación es la carencia de recursos económicos por parte del Estado. A la par, el precio internacional de los minerales ha retomado una senda de crecimiento sostenido que en años previos ha conllevado a niveles exorbitantes de utilidades mineras.
 
La actividad minera local está fuertemente condicionada por los factores externos, en específico por la evolución del precio de los minerales. El importante incremento del precio internacional de los minerales experimentado en 2006, 2007,  2008 y que por estos meses comienza a ser percibido ha permitido la obtención de sendos beneficios a las mineras.
 
La sobreganancia minera puede entenderse como la diferencia entre el monto de las ganancias efectivamente obtenidas y el de las expectativas que las mineras se plantean al iniciar un año o en un proyecto minero en su conjunto. Recordemos que el monto-objetivo que espera obtener una minera incluye cubrir los costos de producción, pago de tributos y el monto esperado de retornos por su inversión. La sobreganancia es entonces lo que se obtiene luego de cubrir todos estos puntos.
 
En el campo de la economía política,  el impuesto a la sobreganancia (ISG) no es un concepto que se haya inventado hace un par de años. La implementación por parte del Estado de un impuesto a un sector específico por ganancias extraordinarias e inesperadas se ha puesto en práctica en repetidas oportunidades y en diferentes países. El referente más importante es el windfall profit taxes en EE.UU. y el Reino Unido. 
 
Por ello es imperativo dejar de lado el mecanismo de “aporte voluntario” minero y pasar a la implementación de un impuesto a las sobreganancias no solo por su efecto en la recaudación (de acuerdo a Humberto Campodónico, si el ISG se hubiera fijado en el 50% de la sobreganancia, el fisco hubiera obtenido ingresos cercanos a los US$ 2,500 millones entre 2006 y 2009), sino sobre todo para recomponer la estructura institucional que corresponde a una economía de mercado y al de un régimen democrático. Es hora de dejar de privatizar las esferas que le corresponde al Estado y que el Gobierno asuma sus responsabilidades con la población que lo eligió. ¿Dónde están los defensores del sistema de mercado?, ¿volverán a quedarse callados? ¿O es que acaso solo defienden al sistema de mercado cuando les es conveniente?
 
 
 

¹ Revisar: Stiglitz Joseph (2000), “Economics of the Public Sector”, 3rd edition. Antoni Bosch, editor. S.A. 

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