El 25 de noviembre pasado el Gobierno promulgó la Ley de Reforma Magisterial luego de lo cual le corresponde definirse en uno de los tres escenarios que presentamos a continuación y que tienen sus respectivos defensores: a) Reglamentar la Ley de la manera más pertinente, b) Modificar la Ley en puntos que resulten controvertidos o perjudiciales, c) Derogar la Ley, indicando así la vigencia de la Ley del Profesorado.

Tanto las autoridades del Ministerio de Educación, como la mayoría de congresistas e incluso especialistas que en algún momento rechazaron puntos básicos de la Ley de Reforma Magisterial, se han pronunciado indicando que la reglamentación de la misma es el paso a llevar a cabo. Sin embargo, consideramos que existen puntos controvertidos necesarios de modificación y, sobre todo, de difusión real para que los docentes, actores involucrados y protagónicos en la reforma educativa que la norma propone, se encuentren al tanto de lo que esta nueva legislación implica.

Para defender la Ley, los argumentos centrales son los siguientes: 1) se logra la unificación de leyes laborales respecto del magisterio, 2) Las mejoras salariales son considerables y 3) la Ley ha sido consultada y promulgada en un contexto pacífico.

En Otra Mirada consideramos importante y necesaria la unificación de la normativa docente. En ese sentido, saludamos la iniciativa de promulgar una única ley magisterial en lugar de sostener dos, como ocurría. Sin embargo, consideramos necesario modificarla pues la gran mayoría de esta Ley de Reforma Magisterial es coincidente con la propuesta por el gobierno aprista (Ley de Carrera Pública Magisterial) que, en varios casos, fue motivo de conflicto con el magisterio y no resulta beneficiosa para los docentes quienes son, al fin y al cabo, los principales aliados para lograr una reforma educativa de verdad.

Uno de los aspectos en que se hace necesaria la modificación y difusión exacta de información es el referido al aumento salarial para los docentes. Se indica que los incrementos serán de 700 nuevos soles, lo cual será real sólo para una pequeña minoría de docentes ya que estos aumentos son distintos respecto de las horas trabajadas así como de los niveles en los cuales los docentes se encuentren. Cabe mencionar además que para inicios de este año el 84% de docentes nombrados, aproximadamente, serán reubicados en esta nueva Ley de Reforma Magisterial en las escalas I y II. El incremento de este grueso de docentes no será mayor de 300 nuevos soles. Esta información debe ser proporcionada claramente. En este sentido, consideramos también importante que los mecanismos de ascenso en los niveles de esta nueva Ley sean esclarecidos y que permitan que la meta de llegar a escalas VI, VII y VIII (donde el incremento remunerativo es significativo) sea posible. En la actualidad, sólo el 0.11% de docentes que laboran en escuela pública podrían acceder a dichos niveles.

Finalmente, es fundamental revisar aspectos importantes como el de promover una jornada laboral de 40 horas para los docentes, que implica tener maestros de dedicación exclusiva a su labor pero bien remunerados. Por otro lado, hacer hincapié en la importancia de asumir como base de cualquier reforma el Proyecto Educativo Nacional, con el cual se comprometió el actual presidente en su plan de gobierno “La Gran Transformación”, y en el cual se señala la importancia de la estabilidad laboral y el derecho a huelga, lo cual representa un vacío en la actual legislación en la cual se indica que un docente “presta un servicio público esencial” lo cual relativiza el derecho a huelga y ello atenta el mandato de la Organización Internacional del Trabajo. 

Consideramos que las modificaciones propuestas resultan fundamentales para una reforma educativa real que involucre a sus actores y no resulte impositiva. Para ello es fundamental que el porcentaje del PBI destinado al sector sea aumentado (hasta ahora no superamos el ínfimo 3% al año), toda vez que el sector no resulta un gasto, sino una inversión. Una de las consecuencias perversas del todavía bajo presupuesto destinado a Educación es el crecimiento de un sector privado de pésima calidad que junta lo peor de todo lo existente. Todos los ciudadanos merecen una educación pública de calidad. Esa es la visión que debe cambiar en el Ministerio de Economía y Finanzas si queremos que la educación peruana cambie para mejor.