El desempeño de Carlos Basombrío en el ministerio del Interior no ha sido afectado por casos de corrupción o romances, sino por la actuación misma del ministro, quien pese a tener experiencia en comunicación no ha aplicado algunas líneas básicas como es la de comprobar la información que brinda, más aún si se trata de información pública que compromete a millones de peruanos y que, dependiendo de su veracidad, puede generar tranquilidad o alarma en un sector vulnerable de la población que vive en zozobra por el avance de la delincuencia.



Lo que sucedió en Huaycán es sólo una clarinada de alerta de lo que podría pasar en cualquier parte del país donde la autoridad está ausente. Y si el ministro encargado de “proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades fundamentales de las personas, así como mantener y restablecer el orden interno democrático y el orden público” (como dice en el portal web mininter.gob.pe), no tiene reparos en dar versiones sin investigación previa, como fue el anuncio de la presunta intencionalidad en el incendio en Larcomar con la aparición de un video que no muestra nada y el ofrecimiento de 15 mil soles de recompensa por el paradero de quien aparecía en el video, la situación se vuelve preocupante.

Basombrío no sólo pasó por encima de la investigación del Ministerio Público que tiene el caso del incendio en Larcomar al ofrecer recompensa por una persona que no estaba siendo investigada, sino que pudo poner en riesgo la misma investigación. Días después el personaje que aparece en el video desmintió su participación y hasta amenaza con plantearle una demanda indemnizatoria al ministro y razón no le faltaría.

Pero no es la única vez que Basombrío se apura en aparecer en pantallas para presentar casos sin ninguna base real que sustente sus argumentos. Ahí está el caso del “escuadrón de la muerte” que anunció con bombos y platillos e incluso dejó entrever que los exministros del Interior del gobierno de Ollanta Humala serían los responsables de haber creado este “escuadrón”, pero después tuvo que admitir que este escuadrón no existe.

También está la crítica casi lapidaria por los patrulleros adquiridos en el gobierno anterior  al afirmar que “la compra se hizo con los pies” (Perú 21, 15 setiembre) y a los que consideró inservibles, pero después los presentó en conferencia de prensa y ahora están patrullando las calles.

Luego no tuvo reparos en presentar a un grupo de policías como si fueran cabecillas de una red de secuestros y extorsiones (entre ellos el considerado policía del año 2013 Julio Mattos Vela), pero días después el juez de investigación preparatoria, Ángel Mendívil Mamani los tuvo que liberar al no haber pruebas que los vinculen  con los delitos que le fueron achacados por el ministro del Interior.

Esos policías, sin embargo, ya fueron afectados en su honor e incluso fueron separados de la institución y ahora están recurriendo a los mecanismos legales para retornar a sus puestos de los que fueron separados.

El ministro del Interior, reconoció que no autorizó la intervención policial en la manifestación que se llevó a cabo el 14 de octubre en las inmediaciones del proyecto minero Las Bambas, en la región Apurímac, que dejó el saldo de un comunero de Cotabambas muerto por un impacto de bala.

Basombrío dijo que "fue una operación no aprobada, no autorizada, y que no contó con los requisitos policiales para poder hacerse y terminó en lo que terminó", lo que implica la falta de autoridad en el manejo de esa institución.

Es necesario que el presidente Pedro Pablo Kuczynski y el premier Fernando Zavala pongan orden para evitar situaciones que afecten carteras tan importantes en el tema de seguridad y del que dependen miles de policías y miembros de las Fuerzas Armadas.