Lo que ocurrió ayer es considerado el más grande avance en los Diálogos de La Habana, toda vez que de seis puntos que tiene la agenda pactada por las partes, el de víctimas y justicia es el que más tiempo ha tomado.

“¡La foto, la foto!”, gritaban en el salón de protocolo de La Habana cuando, después de anunciar el más importante paso en el actual proceso de paz entre la guerrilla de las FARC y el gobierno de Colombia, el presidente Juan Manuel Santos y el comandante alias Timochenko se pusieron de pie con Raúl Castro en medio. Minutos antes los jefes de las dos delegaciones –Iván Márquez por la insurgente y Humberto De La Calle por la oficial– firmaron el más sustancial de los acuerdos hasta ahora logrados en Cuba: la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Esto es: cómo se alcanzará la justicia con los guerrilleros –y de paso los agentes del Estado– que han cometido delitos durante su vida en las armas, y de qué manera las víctimas resultarán satisfechas, reparadas y dignificadas. En Colombia –entre tanto– más y más voces se sumaron al optimismo de vislumbrar, al fin, una luz en el largo trasegar de tropiezos por un conflicto armado que ha golpeado sobre todo a los inocentes.

No pocos colombianos que lucharon por la paz pagando con su propia vida se perdieron la imagen por décadas soñada y que ayer se dio: el máximo jefe de estado y el número uno de los rebeldes se apretaron la mano. Varias generaciones de colombianos, desde hace más de medio siglo, sólo han conocido la guerra, por eso en las asociaciones campesinas y afros, frente al televisor de cafeterías, en los resguardos indígenas, en las salas de los hogares, en las sedes de los partidos en las capitales, y en los potreros humildes de la Colombia más alejada, se escucharon las voces de alegría tras el anuncio y el encuentro entre Santos y Timochenko que aparecen juntos por primera vez ante medios. También en las redes sociales jóvenes y adultos se hicieron escuchar: “Me dejo dominar por las extrañas esperanzas, he vivido 60 años y todos ellos en un país en guerra, tengo toda mi fe y mi alegría en un día cercano despertar y creer que no hay dos ejércitos enfrentados matando colombianos. Es mi más sagrado derecho a soñar. Quiero vivir ese día”, anotó Gerardo Pérez ciudadano de Medellín. Desde Bogotá, Juan Camilo Maldonado, de 33 años y editor del portal Pacifista, invitó “a seguir de cerca este proceso, a comprender cada detalle, a blindarlo comprendiéndolo y cerciorándonos de que lo que se promete se cumple. La paz es de todos”.

En el Palacio de Convenciones de La Habana, entre tanto decenas de políticos que viajaron en la comitiva del gobierno desde Bogotá la tarde ayer, así como los insurgentes que viven en la isla desde hace días o meses y hacen parte de la Delegación de Paz, aplaudieron y mostraron las sonrisas. También, algunos integrantes de la Delegación de Gobierno como Humberto de La Calle quien, aunque menos emotivo, se veía satisfecho con los avances del proceso que lidera desde finales de 2012 cuando se instaló la Mesa de Conversaciones en Oslo, Noruega, y luego se trasladó a Cuba. Lo que ocurrió ayer es considerado el más grande avance en los Diálogos de La Habana, toda vez que de seis puntos que tiene la agenda pactada por las partes, el de víctimas y justicia es el que más tiempo ha tomado en conversaciones, más de un año. En 32 meses de discusiones, las partes han llegado a acuerdos en tres puntos: tierras, drogas ilícitas y participación en política. Además, este año se ha pactado que se conformará una Comisión de la Verdad, y se firmó un acuerdo más para “desescalar” el conflicto en Colombia y acelerar las negociaciones en La Habana.

Desde diciembre de 2014 cuando el proceso entró en crisis por el secuestro de un general del ejército, y luego en abril con el asesinato de 11 soldados por parte de las FARC, esta guerrilla ha declarado ceses al fuego de forma unilateral. El gobierno se ha negado a ceder al fuego bilateral, mientras los índices de violencia se han mermado sustancialmente gracias al cumplimiento de la tregua por parte de los rebeldes. Los últimos dos meses han sido, según el Cerac, los más pacíficos en Colombia en el último siglo.

Pero los reclamos en contra de la impunidad de parte de las víctimas de las FARC siguen dándose, y han sido el clamor desde que comenzaron los diálogos. Los rebeldes, en respuesta, siempre han insistido en que no pagarán ni un día de cárcel, y empezaron sus apariciones en público justificando su accionar armado considerándose a sí mismos como víctimas.

A casi tres años de comenzar estos Diálogos, las posturas tanto de guerrilla, como de gobierno y de la sociedad colombiana se han vuelto más flexibles. Y, como pudo evidenciarse ayer, se ha hechos posible lograr acuerdos en temas álgidos y controversiales como justicia. Según se explicó ayer, la Justicia Especial para la Paz contará con un Tribunal para la Paz y salas de justicia, integrados por magistrados colombianos mayoritariamente, y con participación de algunos extranjeros; se indultarán los delitos políticos y conexos, y se dictará una ley de amnistía. Además, los responsables de crímenes de lesa humanidad deberán pagar penas entre 5 y 8 años que incluye restricción “efectiva” de la libertad, pero no cárcel. Quienes no reconozcan su responsabilidad, pasarán a la justicia ordinaria y pagarán, esta vez sí entre barrotes, 20 años o más.

Después de estrecharse la mano con el máximo líder de las FARC, Santos se reunió con su delegación de negociadores y detalló a la prensa que “hay delitos que ni nuestra propia conciencia nos permiten amnistiar”, y se refirió a la tortura, al genocidio, a la toma de rehenes, a la violencia sexual. Estos también, según Santos, “serán investigados, juzgados y sancionados por la nueva jurisdicción especial”. Aunque para algunas víctimas no es claro aún la aplicación de este acuerdo, que solo será efectivo si se firma un acuerdo final entre las partes en La Habana y si en Colombia los ciudadanos refrendan el Acuerdo, otras se mostraron optimistas.

“Estamos viviendo algo que nunca imaginé alcanzar, al ver que es la posibilidad de alcanzar la paz. Cuando escuché la noticia me dio emoción porque era algo que no esperaba. La noticia es darle sin duda base sólida al proceso de paz”, dijo Clara Rojas, quien ha vivido uno de los más horrendos episodios de la guerra en Colombia: civil secuestrada, embarazada en cuativerio, obligada a entregar su hijo a los rebeldes, y, años después, liberada y reunida con su primogénito rescatado de la selva. Además del acuerdo para la Justicia que se firmó ayer, la historia de violencias se llenó de esperanzas por el plazo de seis meses que se dio para la firma final, y el anuncio de que, si toda sale bien, en marzo las Farc serían ya una organización desarmada y en ejercicio de la política y la vida civil. Cualquier colombiano sabe que no solo basta que las FARC suelten las armas para que conozcamos un país en paz; pero sí que se estará más cerca de lograrla en tanto los rebeldes tomen la palabra, en vez del fusil.

Publicado en Página/12