Institucionalización de la precariedad laboral

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Por: 

Alejandra Dinegro Martínez

Las últimas noticias que pueden saberse del Perú, probablemente, son de lo mal que nos va en la política y de lo relativamente bien que va la economía. Sin embargo, nos va mal en ambos. Sumado a ello, el factor laboral, resulta ser uno de los principales dolores de cabeza para el Gobierno y en especial para la ciudadanía.

Desde el año 1991, se inicia en el país, una de las más grandes reformas neoliberales en materia laboral que llevó a cabo, el gobierno dictatorial de Alberto Fujimori, así sentó las bases para una de las reformas anti-laborales más nefastas que se implementaron en América Latina. 

La derrota de la dictadura abrió una transición política y la promesa de contar con una Ley General del Trabajo, como piso común para todos los trabajadores. Hoy en día, lleva doce años archivada como muestra del desdén por discutir seriamente una agenda laboral.

Después de estar creciendo, sostenidamente, entre los años 2002-2013, década que el mundo denominó el “milagro peruano” el índice del PBI en el 2014 bajó a 2,3 por ciento. Se anunciaba así, el fin del milagro. Ese crecimiento, planteaba diversos desafíos a los gobiernos de turno, como la diversificación de la economía, reforma de la educación, y la lucha contra la informalidad. Pero ninguna de ellas, fue una agenda seria ni para el Poder Ejecutivo, ni para el Poder Legislativo.

En el 2011, lo que pudo ser el Gobierno de “La gran transformación” con Ollanta Humala, terminó en una simple “Hoja de Ruta” que ahogó la ocasión de un giro a favor de los trabajadores. En el 2014 Ollanta impulsó la aprobación de la Ley 30288 (“Ley Pulpín”). Una ley que creaba un régimen laboral para regular el trabajo de los jóvenes de 18 a 24 años, aun cuando ya existía la Ley N° 28518, que regula las modalidades formativas. Una propuesta que precarizaba el trabajo de la principal fuerza productiva del país: los jóvenes.

Con la llegada del Gobierno de PPK, se inicia nuevamente, una ofensiva neoliberal. De un lado, acentúa la privatización de sectores estratégicos, en beneficio del poder financiero; destruyendo así, las bases de la industria y de la agricultura, entregando el petróleo, el gas, los minerales, la biodiversidad y los servicios públicos como EsSalud. 

Su gobierno anunció diecinueve medidas laborales, entre ellas, la creación de un Seguro del desempleo, la creación de un nuevo régimen laboral juvenil y reducir a cuatro los seis grandes regímenes laborales del sector privado: el general, el de la micro y la pequeña empresa y el de las trabajadoras del hogar.

Algunas de esas medidas fueron aprobadas mediante el otorgamiento del pedido de facultades legislativas: diez decretos legislativos (se derogaron 2 debido a la presión social) que flexibilizaban las normas en seguridad laboral, un “paquete simplificador” en materia administrativa, introducción de cambios en el arbitraje potestativo -dificultando el derecho a la negociación colectiva- y el fomento de ceses colectivos.

Los fantasmas de la “Ley Pulpín”, revivieron en los jóvenes, cuando el Gobierno de Kuczynski, presentó un proyecto similar: PL N° 1104 “Ley que promueve la contratación formal de los jóvenes” de 18 a 29 años que subsidiaba con el 100% del pago del seguro de salud a los empleadores con fondos públicos de EsSalud. Mientras que los trabajadores jóvenes, continuarían aportando el 13% de su sueldo; contraviniendo el Convenio N° 102 de la OIT, que establece que los empleadores y trabajadores deben aportar de manera equitativa a la seguridad social y sistema de pensiones. 

Kuczynski es vacado del cargo, por encontrarse implicado en varios casos de corrupción con la firma brasileña Odebrecht. Es así que Martín Vizcarra asume el Gobierno en medio de una crisis de régimen. Vizcarra hereda, no solo un gobierno que tenía el llamado de enfrentar a la corrupción, sino también heredar la orientación política y económica, herencia a la cual, no le hace asco. Ello lo demuestra el documento que el MEF ha elaborado y que titula “Política Nacional de Competitividad y Productividad”, el que fue publicado en el Diario Oficial El Peruano el 31 de diciembre, mientras la ciudadanía protestaba ante el retiro de los fiscales Domingo Pérez y Rafael Vela de la investigación Lava Jato. 

Este documento aprobado es sumamente peligroso, especialmente, para los trabajadores y sus derechos laborales porque busca institucionalizar, hasta el 2030, la precariedad. Argumentos que alientan despidos arbitrarios, obstaculizan la negociación colectiva, rechaza el derecho de sindicalizarse, le hace asco a la estabilidad laboral, así como una fuerte crítica al rol de una instancia tan débil como Sunafil; lo que habría motivado la renuncia del Ministro de Trabajo, Cristhian Sánchez. 

En medio de estos cambios, la inserción de la juventud en el mundo laboral es cada vez más difícil. Obligándolos a insertarse en redes del autoempleo y subempleo. Engrosando las cifras del comercio ambulatorio y quebrándoles la vida a toda una generación, cuya capacidad productiva ha sido acostumbrada a sobrevivir con lo mínimo. En nuestro país no faltan recursos: están muy mal distribuidos. Esto no es justo.

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