Ideas irreverentes: No al juez y parte

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Por: 

Alejandro Chang

Todos estamos de acuerdo en que no debe existir la figura de ser juez y parte a la vez. Sin embargo, la propia institucionalidad del Estado acepta que debe ser así, al ser que una misma dependencia estatal sea la autoridad que regula la actividad económica y; también es la que lo realiza.

El tratamiento que se le debe dar a un administrador privado debe ser igual al que se le da un público que realiza las mismas funciones. Sin embargo como el Estado es juez y parte; el trato no es el mismo y muchas veces la fiscalización a la empresa o entes públicos se flexibiliza.

Como el concepto de separar el rol del juez a la del operador no se encuentra debidamente internalizada, se presenta casos como:

  • La autoridad Autónoma del Tren Eléctrico, AATE encargada sólo de operar el Metro de Lima y; sin embargo, se le denomina Autoridad. El Metro de Lima debe ser un operador autónomo y a pesar de ello; el MTC es el que toma las decisiones.
  • La operación del Tren Huancavelica- Huancayo, es operado por una Dirección del MTC que la regula.
  • La Dirección que certifica la calidad de una pista de aterrizaje de un aeropuerto es la misma que la construye y por tanto se certifica a sí misma.
  • Las empresas públicas, están adscritas a los Ministerios de los sectores que les corresponde, cuando deber ser consideradas como administrados.
  • El Directorio de FONAFE está conformado por Ministros de Estado quienes representan a la Autoridad y; sin embargo sus empresas realizan actividades económicas que ellos regulan.
  • Los colegios y los hospitales son operados por los Ministerios de Educación y de Salud respectivamente, cuando dichos entes son autoridades de dichos sectores.

Considero que los órganos rectores de los sectores, quienes regulan, promueven, autorizan y fiscalizan la actividad económica no deberían- directa o indirectamente- operar las entidades o las empresas públicas que provean bienes o servicios.

En ese sentido, FONAFE que agrupa a las empresas públicas debería contar con un Directorio que no sea conformado por ministros, quienes tienen sus propias responsabilidades, sino que deben contar con personas independientes idóneas para un buen gobierno corporativo.

La Reforma imprescindible
Por ello, considero que la institucionalidad que es una de las grandes debilidades para que el país sea un país de primer mundo, debería ser reformulada a través de una re estructuración del Estado en sus diferentes niveles de gobierno y de los poderes del Estado, considerando que no deber haber juez y parte a la vez.

La propuesta irreverente
Dentro de dicho esquema, ante la crisis de institucionalidad y de la gestión pública, se propone la creación de otro poder, el Poder del Ciudadano, para que se encargue de normar y gestionar los procesos eleccionarios, evalúe permanentemente la conducta y gestión de los elegidos. Por tanto las conductas éticas de los elegidos sean evaluados por un Poder independiente que tenga un Directorio conformado por personas notables con facultades para sancionar y definir propuestas de revocatorias que finalmente deber ser definidas a través de procesos en los cuales interviene la ciudadanía en general.

En este nuevo esquema, este nuevo poder se encargaría de normar sobre los partidos políticos, de los procesos eleccionarios y de revocatoria, la evaluación de las conductas de las personas elegidas, los procuradores anticorrupción y; la RENIEC, la ONPE, el Jurado Nacional de Elecciones, la Defensoría del Pueblo, entre otras entidades conformarían este nuevo poder para tener un control más efectivo del poder que tienen las personas elegidas que asumen cargos públicos.

Esta idea irreverente para la clase política, es una propuesta que es necesario desarrollarla para tratar de resolver la encrucijada en que se encuentra el país, en donde los actos de corrupción, la ineficiencia, la impunidad y otros males deben ser desterrados de la gestión pública.

Ello significa que mientras desarrollamos la idea debemos continuar actuando contra corrupción e impunidad, creando fiscalías, procuradurías competentes y salas comprometidas con la verdadera justicia.

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