El gobierno busca culpables para el Baguazo

El actual gobierno insiste en “solucionar” las demandas de los pueblos indígenas de la Amazonía de forma equivocada.

foto de Félix Calvas

Si antes el gobierno jugaba a mecer a los indígenas amazónicos hasta el cansancio, con la intención de que sus representantes abandonen las mesas de diálogo, ahora se quiere limitar las investigaciones en torno a lo ocurrido en Bagua para culparlos solo a ellos de lo ocurrido. 

 En primer lugar, hace unas semanas, la fiscal Luz Marleny Rojas de la Primera Fiscalía Provincial Mixta de Utcubamba denunció, ante el Poder Judicial, a un grupo de policías que dirigieron el operativo de la Curva del Diablo por los delitos de homicidio calificado, lesiones graves y lesiones leves. Sin embargo, y para sorpresa de todos, la Fiscal de la Nación Gladys Echaíz removió a dicha fiscal provincial del cargo y prácticamente su informe fue desechado.

Así, en lugar de trabajar sobre la base del informe de la fiscal Rojas, más bien se han iniciado nuevas investigaciones con el propósito de culpar solo a los indígenas amazónicos. Según estas indagaciones del Primer Juzgado Penal de Utcubamba, que recoge con bombos y platillos el diario El Comercio, la violencia desatada el 5 de junio habría sido planificada por los indígenas, pues se “encontraron barricadas, trincheras y viviendas precarias armadas con piedras, las cuales fueron usadas por quienes dirigieron los enfrentamientos desde los cerros”. De esta manera, se afirma que los promotores de la violencia fueron los indígenas amazónicos, restando importancia a la información que ya había adelantado la fiscalía. 

Si por el lado de las investigaciones judiciales, los indígenas van encontrando obstáculos para dialogar, por el lado de la investigación política, la situación es similar. Según la Resolución Ministerial Nº 0664-2009-AG, que formaliza la constitución  de la “Comisión Especial para Investigar y Analizar los Sucesos de Bagua”, se le otorga al  Ministerio de Agricultura la tarea de presidir dicha comisión, dejando de lado la participación de los ministerios de Defensa, Interior y Justicia, quienes, para este tipo de investigaciones, se supone que deberían jugar un rol protagónico. 

Esperamos que la designación del dirigente awajún Jesús Manacés como presidente de esta comisión, no sea solo una pantalla, sino que realmente sea una señal de seriedad y autonomía del trabajo que se realizará. De lo contrario, los pueblos amazónicos podrían retomar las protestas en señal de disconformidad, con lo que el gobierno demostraría nuevamente el fracaso de sus mecanismos de diálogo y negociación. 

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