Ante la continua desaceleración del PBI, el gobierno de Ollanta Humala promueve una serie de medidas económicas entre las que destaca el Plan Nacional de Diversificación Productiva. Desde su aprobación, se habló mucho del impacto que podría tener en la economía en el corto y largo plazo. Una de las cosas que tendría que potenciar es el apoyo a las PYMES e integrarlas de lleno a las cadenas de valor que mueven el crecimiento del país. No obstante, en los últimos gobiernos, no ha habido una política coherente que resuelva el dilema de la informalidad que muchas de ellas afrontan.

Entre las posibles soluciones, se plantearon una serie de beneficios tributarios para estas empresas y regímenes especiales de flexibilización laboral. Sin embargo, los índices de informalidad no han descendido. Tal vez, esto sea porque no se ataca el problema principal. Estudios recientes indican que las pequeñas empresas del Perú pagan 4,6 veces más intereses que las empresas grandes por los préstamos bancarios que reciben. Esto indica que las microempresas están pagando alrededor de 32% de intereses en soles, las pequeñas un 21% y las medianas un 11%.

Es cierto que las empresas grandes tienen mayor facilidad para cumplir con el pago de sus deudas y por lo tanto representan un menor riesgo, por lo que pagan menos intereses. Sin embargo, estas tasas son un exceso que impide la facilidad de financiamiento para estas empresas. Por estos motivos, muchos deciden buscar métodos alternativos de financiamiento volviéndose informales. También se puede explicar esta situación por el hecho de que el Perú presenta actualmente uno de los índices más altos de “spread bancario” de toda Latinoamérica. Por spread bancario se entiende la diferencia entre los intereses que los bancos pagan por los depósitos de ahorro y los intereses que cobran por los préstamos que realizan. Estos últimos son más altos para cubrir los costos administrativos de los bancos y, en el caso peruano, podrían ser un indicio de la ineficiencia del sistema financiero nacional.

Si consideramos que el 99% de las empresas del Perú son PYMES, de las cuales un 47% son del sector comercio y un 38% del sector servicios y que contribuyen con el 45% de la producción nacional y emplean al 80% de la Población Económicamente Activa, podremos ver que una gran proporción de la capacidad económica del país se encuentra afectada. Por otro lado, se calcula que el sistema financiero peruano crecerá entre 15% y 20% anual en los próximos cinco años, incluso a pesar de la desaceleración económica.

Con una reducción de las tasas de interés no sólo se facilitaría el acceso a créditos que estas empresas podrían aprovechar para reinvertir y hacer crecer sus negocios volviéndose competitivos. También, podrían tener un mayor margen de dinero que podrían usar tanto para pagar los impuestos requeridos y para cumplir con los requerimientos que todo empleo decente debe tener como por ejemplo pagar el salario mínimo. Si gran parte de estas empresas se llegaran a formalizar, con el tiempo sería más sencillo para ellas afrontar un aumento del salario mínimo lo que beneficiaría a millones de peruanos, mientras que la SUNAT lograría aumentar la base tributaria y con ello los recursos para el Estado sin necesidad de exprimir a las pocas empresas formales y a los ciudadanos.

La diversificación productiva tiene un vasto potencial en estas PYMES. Una política de integración financiera junto con las reformas tributarias que se plantean para estos sectores podría ser la clave para reducir la informalidad e integrar a millones de peruanos a un nuevo modelo económico y a un Estado que vele por darles los derechos que merecen.