Tras el contundente paro de 48 horas en el Cusco contra el Decreto Legislativo 1198, que permitía a empresas privadas y públicas administrar determinados bienes patrimoniales arqueológicos a través de un modelo de gestión cultural por un período de 10 años, el pleno del Congreso decidió su derogatoria con  56 votos a favor siete en contra y tres abstenciones.

Para la población cusqueña, esta norma permitía la privatización de los bienes incas y por eso salió a las calles. Tras el anuncio del paro, la ministra de Cultura, Diana Alvarez-Calderón dijo que "el patrimonio arqueológico es propiedad de la nación peruana y es alienable (...) está garantizada por parte del Estado" y “el Decreto Legislativo 1198 no privatiza, no concesiona, ni presenta una asociación pública privada en zonas arqueológicas, sino solo es un modelo de gestión”.

Es decir, para la ministra y el gobierno, la protesta de los cusqueños no tenía sentido. Precisamente esa forma de afrontar los conflictos, ninguneando a quienes reclaman, le ha traído graves problemas en Las Bambas y Tía María, con muertos incluidos.

El antropólogo, José David Ugarte Vega Centeno, consideró como una burla que la ministra de Cultura diga que no se quería privatizar nada, pues no es necesario mencionar la palabra privatizar para entregar el patrimonio arqueológico al sector privado.

Sostuvo que se ha registrado una manifestación como nunca antes se había visto y consideró que se trata de una maniobre torpe del gobierno tratar de aplicar este DL, sabiendo que la población del Cusco es muy sensible cuando se trata del patrimonio arqueológico.

“En este caso, la única plataforma de lucha es que se derogue el DL 1198 (tal como finalmente sucedió en el Congreso). No hay otra opción. Las organizaciones en el Cusco han dejado en claro que si no hay una respuesta rápida del gobierno, se van al paro indefinido”, aseguró en diálogo con otramirada.pe

Advirtió que bajo este DL se esconden intereses monopólicos de empresas chilenas ligadas a Lan Perú, que tiene inversiones en hoteles y otros negocios, y por ello quieren cerrar el área que rodea a Machu Picchu y tratan de impedir que los gobiernos regionales puedan gestionar ante el ministerio de Cultura que se garantice los patrimonios.

El Cusco es una región con mucha identidad respecto al patrimonio y más aún con el maltrato que se ha querido hacer a los monumentos históricos. Aún recuerdan cuando en el gobierno de Alberto Fujimori se quiso construir un Teleférico en Machu Picchu y en el gobierno de Alan García se promulgó un Decreto Legislativo autorizando la construcción de hoteles 5 estrellas en zonas cercanas a Sacsayhuamán y al Valle Sagrado, lo que fue rechazado por la población.

El pueblo se manifestó en contra de esta iniciativa. Definitivamente no lo va aceptar, y en esta lucha no sólo están los pobladores, sino también muchos sectores ligados al turismo, lo que incluye a turistas nacionales y extranjeros, tal como se vio en las protestas de ayer.

Cada día de paralización se genera pérdidas superiores al 1 millón 500,000 dólares en el sector turístico, informó la Cámara Regional de Turismo del Cusco (Cartuc).

Durante el paro de 48 horas se suspendieron casi todas las actividades comerciales y de transportes. La empresa Perú Rail paralizó sus operaciones ferroviarias en la ruta Cusco - Picchu - Hidroeléctrica y viceversa, tanto para los servicios turísticos como los servicios sociales, de pasajeros carga y equipaje, como medida de seguridad.

En el segundo día del paro convocado por autoridades y gremios sindicales, marcharon cerca de 30 mil cusqueños y lograron finalmente que el Congreso derogue esta norma que hubiera agravado la crisis general que actualmente afronta.