Lo sucedido recientemente con la Caja Rural Señor de Luren, que tuvo que ser liquidada y transferida a la Caja Municipal de Arequipa, enciende las señales de alerta de lo frágil que puede resultar el sistema financiero frente a entidades que no tienen control y son vulnerables al lavado de activos.

En este caso, la Superintendencia de Banca Seguros y AFP (SBS) intervino debido a problemas de solvencia y una deficiente identificación de riesgos, al registrar una pérdida patrimonial de más del 50% en los últimos 12 meses, lo que es causal inmediata de intervención de la SBS, según el artículo 104 de la Ley 26702.

 
Lo sucedido con la citada Caja Rural trae a colación la debilidad en el control de las cooperativas, que están bajo un régimen en el que la SBS no tiene el control de las operaciones. Solo 92 de más de 300 cooperativas son supervisadas por la Federación Nacional de Cooperativas (Fenacrep); institución privada que no tiene la facultad de sancionarlas, según información proporcionada por el coordinador de microfinanzas de la SBS, Carlos Butrón, quien aseguró que de esas 300 cooperativas, 164 están afiliadas a la Fenacrep y de ellas solo 92 brindan información de sus operaciones.

Butrón consideró necesario distinguir entre regulación y supervisión. “Los bancos y cajas son reguladas y supervisadas por la SBS. En el caso de las cooperativas se ha dado la regulación para que operen pero la supervisión está a cargo de la Fenacrep y hay evidencias de conflictos de intereses”, señaló.
 
El funcionario comentó que si la SBS fuera la encargada de supervisar a las cooperativas, se podría garantizar el mejor funcionamiento de estas entidades. En el pedido de facultades que hizo el Ejecutivo el Congreso se contempló “Fortalecer la supervisión de las cooperativas de ahorro y crédito”, pero ese fue uno de los puntos que fue rechazado por el pleno del Congreso.
 
Esta negativa se debe a que en el Parlamento hay un proyecto de Ley –planteado por Víctor Andrés García Belaunde- para una mejor supervisión a las cooperativas, por lo que la mayoría de parlamentarios entendió que no debía dar facultades legislativas al Ejecutivo por un tema que ya está siendo tratado por el Congreso.
 
El tema es muy sensible y ha generado preocupación en el gobierno, a tal punto que el Ministerio de Economía y Finanzas insistirá en que la SBS regule a estas instituciones, y para ello también introducirá un proyecto de Ley al Congreso con la esperanza de que esta vez las bancadas decidan regular a las 164 cooperativas (registradas) que mueven más de S/. 5.409 millones.
 
EN EL VRAEM
Carlos Butrón consideró que más allá de quien sea el autor de la iniciativa, la norma que permita un mejor control de las cooperativas debe darse cuantos antes. Advirtió que en las zonas cercanas al Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM) se viene registrando un fuerte incremento de nuevas cooperativas de ahorro y crédito que no tienen ni control ni supervisión, las que podrían ser utilizadas como fachadas de actividades ilícitas y para el lavado de activos, debido a que en esa zona se registran actividades vinculadas al narcotráfico y terrorismo.
 
Las tasas que ofrecen entre 20% ó 22% superan largamente la que se ofrece en los bancos que en el mejor de los casos llega al 5%. Butrón, informó que sólo en Ayacucho existen 110 cooperativas de ahorro inscritas en los registros públicos, pero sólo seis de esas están registradas en la Fenacrep.
 
LO NIEGAN
El poder que tienen las cooperativas es más fuerte de lo que se cree y sus influencias hacen que por el momento no se les pueda fiscalizar y con ello se está dando facilidades para que las organizaciones al margen de la ley puedan vulnerar este sistema y utilizarlas para el lavado de activos. Justamente una de las organizaciones que se opuso a la supervisión que contemplaba el pedido de facultades legislativas al Ejecutivo fue la Fenacrep, cuyo presidente Héctor Farro Ortiz dijo que solo es necesario algunas modificaciones a la Ley General de Cooperativas para un mejor control y que al respecto ya existen propuestas legislativas.
 
Considera que las cooperativas son víctimas de una campaña de difamación y asegura que “no es cierto que las cooperativas no tenemos regulación ni supervisión” y puso como ejemplo que  ellos fueron los que denunciaron el caso Coopex de Rodolfo Orellana ante la SBS, la Contraloría y la Fiscalía. “En este caso fuimos una voz solitaria en denunciar esta situación”, comentó.
 
Farro reconoció que existen seudo cooperativas y eso amerita un cambio en la Ley General de Cooperativas. “La autorización de la inscripción de una cooperativa debe requerir dos temas centrales: un modelo de actividad empresarial que justifique su viabilidad económica y la idoneidad moral de quienes la van a realizar”, afirmó.
 
Mientras la SBS pugna por intervenir para controlar a las cooperativas y la Fenacrep hace lo propio para evitar que la SBS intervenga, estas entidades siguen operando sin mayor control y moviendo millones de soles frente a la pasividad del Ejecutivo, que no tiene la fuerza para intervenir, y del Legislativo, que no tiene la decisión firme para legislar por un mayor y mejor control.