Los retos de la inclusión educativa de personas con discapacidad en la emergencia sanitaria

Por: 

Paula Calle y Mariana Burgos*

En medio de la crisis sanitaria del COVID-19 y frente a las apremiantes preocupaciones en torno a la educación escolar, el Ministerio de Educación generó una respuesta rápida con el diseño y ejecución de la estrategia “Aprendo en casa”. Sin embargo, el despliegue de esta iniciativa aún presenta falencias para acoger adecuadamente a toda la comunidad educativa en su diversidad, incluídas las personas con discapacidad.

El Censo Escolar 2019 del Minedu, identificó a más de 67 mil estudiantes con algún tipo de necesidad educativa especial. Los estudiantes con algún tipo de discapacidad visual y auditiva componen cerca del 39% de ese total, mientras que el 52,10% son estudiantes con discapacidad intelectual; a la fecha, estas poblaciones no forman parte de una estrategia integral que haga posible que sean parte de esta nueva “escuela virtual”.

Una respuesta que contemple estas cifras debe llevar a incorporar una variedad de medidas de accesibilidad en los diversos formatos que abarca “Aprendo en Casa”. Ello parte por considerar los graves problemas de acceso a bienes y tecnología que enfrenta este sector de la población; adicionalmente, apostar por medidas que tengan presente su caracterización y particularidades en materia de accesibilidad: no todos los estudiantes con discapacidad auditiva dominan la lengua de señas peruana y los estudiantes con discapacidad visual aún advierten las dificultades para navegar en la plataforma web. 

La falta de un abordaje integral de atención a la diversidad ha agudizado las situaciones de exclusión y discriminación previas. De esta forma, un conjunto de padres de familia han reportado que colegios privados han optado por restringir la participación de los estudiantes con discapacidad intelectual de las sesiones virtuales ante la falta de pagos por el apoyo educativo (maestro sombra). En el caso del sector público, las familias coinciden en que incluso la comunicación con los apoyos del Ministerio de Educación — en referencia a los Servicios de Asesoramiento y Atención a las Necesidades Educativas Especiales - SAANEE— se torna inexistente y que su función de monitorear el diseño de un plan personalizado al inicio de año no se ha logrado.

La provisión de apoyos educativos es parte de la obligación de garantizar educación en condiciones de igualdad para el colectivo de personas con discapacidad. Omitir a los apoyos de esta estrategia no solo contribuye a mermar la calidad educativa sino que puede conducir a la deserción escolar ante la imposibilidad de las familias de implementar estrategias pedagógicas y didácticas para asegurar aprendizajes significativos. Por ello, resulta indispensable que el Ministerio de Educación — tomando el ejemplo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social— conforme una red de apoyos para brindar acompañamiento pedagógico tanto a los estudiantes con discapacidad como a sus familias, asimismo, se implemente una plataforma que provea de recursos a los maestros para que su labor pueda atender a la diversidad estudiantil. 

Este escenario de emergencia ha demostrado toda la comunidad estudiantil requiere eventualmente de apoyos y que algunos grupos en situación de vulnerabilidad como los niños y niñas con discapacidad los necesitan en mayor medida. Esto representa una oportunidad para cambiar un paradigma imperante que alberga bajas expectativas sobre la capacidad de rendimiento y aprendizaje de los estudiantes con discapacidad; por otro lado, se ha evidenciado la capacidad de adaptación de los docentes para ejercer su labor y ser actores activos en el proceso de inclusión educativa. 

Es necesario que el Ministerio de Educación como ente rector priorice medidas de atención para este colectivo adoptando una estrategia de intervención inmediata y procurando el involucramiento de especialistas, organizaciones de la sociedad civil y las personas con discapacidad y sus familias. Solo de esta forma se estará asegurando que la educación virtual no se convierta en otra forma de perpetuar la exclusión de los niños y niñas con discapacidad. 

(*) Miembros del equipo legal de Sociedad y Discapacidad

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