¿Libertad para dañar la salud

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Por: 

Alexandro Saco

Pocas veces tan clara la razón de la resistencia a una ley que promueve la salud: el ingreso publicitario.

Medios y anunciantes han centrado el debate de la Ley que promueve la alimentación saludable, en la regulación a la publicidad porque afirman que eso afectaría sus ingresos sobre todo en la TV. Así es. En el 2011 ingresaron a los canales de TV la friolera de unos 280 millones de dólares por concepto de publicidad de la llamada comida chatarra; 280 millones de buenas razones para tergiversar el debate. (Fuente: Análisis de la publicidad de alimentos no saludables en la TV peruana: CONCOR TV).

Aceptemos que una prohibición total de la publicidad de la comida procesada podía interpretarse en el artículo 8ª de la norma que planteaba: “la publicidad no debe incentivar el consumo de alimentos…” Pues si toda la publicidad incentiva cierto consumo o acción, y ese era el asunto, la variación introducida: “la publicidad no debe incentivar el consumo inmoderado de alimentos…” debería cerrar el debate. En el reglamento respectivo a la luz de consideraciones objetivas se definirá la inmoderación.

Como en tantos otros asuntos pareciera que el Perú es un país de otro planeta. La regulación y hasta la posibilidad de vetar cierta publicidad sobre alimentos procesados se da en cada vez más países (ver cuadro). Y es que este asunto no tiene nada que ver con la libertad de expresión ni de empresa, sino con la salud, que es un derecho universal amparado por diversos convenios internacionales que el Perú está en la obligación de cumplir, y se relacionan también con la protección a la niñez.

Lo que hemos visto en estos días ha sido la defensa del bolsillo de los grades medios de comunicación y el alineamiento de los periodistas a la causa de los propietarios, sin ninguna capacidad de ponderación; quizá eso se pueda entender ya que se si los ingresos por publicad se acortan el sueldo de los periodistas también. Moraleja para los estudiantes de periodismo: periodistas no que defienden el bolsillo de su empleador no son periodistas. Por eso los argumentos más absurdos se han repetido impunemente.

Mentira 1: Igualar a la maravillosa comida peruana con la ultra procesada, señalando que algunos de nuestros platos contienen muchos ingredientes dañinos a la salud y que se estaría prohibiendo su consumo: falso. La ley en mención se refiere expresamente a la comida procesada y la comida peruana no es procesada y en muchos casos es artesanal.

Mentira 2: Equiparar la comida procesada con el consumo de alimentos naturales. Falso. No existe ningún punto de comparación entre el alimento natural y el ultra procesado que en su fabricación se convierte en cualquier otra cosa menos en natural. Obvio, si alguien se come 50 manzanas de un porrazo algo le va a suceder; pero ese efecto nocivo de 50 manzanas puede estar en un solo paquetito de algún snack.

Mentira 3: No hay que incorporar el tema de la publicidad porque este es un asunto de educación escolar y familiar. Argumento cínico. Los publicistas y medios de comunicación sostienen, con toda razón, la potencia de la influencia que generan sobre todo desde le TV; eso está ampliamente demostrado y es el argumento base para la venta de publicidad. ¡Pero resulta que cuando hablamos de la comida chatarra la TV no tiene ninguna influencia! Por eso estamos ante un argumento cínico, que niega con una mano lo que escribe con otra. Y si bien hay un asunto de educación familiar y escolar, la publicidad es central en esta discusión.

Finalmente estamos ante un tema económico que afecta ya el presupuesto público. Las consecuencias de las enfermedades producidas por la comida procesada se pagan de dos formas: los sistemas de salud requieren cada vez mayor financiamiento para enfrentar las enfermedades crónicas y no transmisibles producidas por estos productos, y que son las que más costos generan. Por otro lado la cada vez más temprana presencia de estas enfermedades hace que personas que pueden estar produciendo pasen a ser dependientes de sus familias o del Estado. Como vemos, la ley debe aprobarse por consideraciones de salud, financieras y éticas, ya que nadie puede tener en un país libre licencia para envenenar de a poquitos.

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